Es el derecho de los particulares a ser indemnizados por la Administración por las lesiones que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.



El plazo para presentar la reclamación es de un año desde la producción del accidente o bien, si hay lesiones, desde su curación o determinación de las secuelas.



Y el plazo para resolver es de seis meses desde que la reclamación se presenta en esta Corporación insular, teniendo en cuenta que, transcurrido dicho plazo, se entenderá desestimada la reclamación de responsabilidad patrimonial por silencio administrativo negativo, sin perjuicio de que el interesado interponga el recurso que corresponda.